La capacidad económica puede ser probada por medio de testimonios en un proceso penal por inasistencia alimentaria

Autor: Abg. Juan Pablo Castiblanco Forero


La inasistencia alimentaria es un delito consagrado en el artículo 233 de la ley 599 de 2000, el cual indica que aquel que se sustraiga sin justa causa de la obligación legal que tiene, entre otros, con sus ascendientes y descendientes, incurrirá en pena de prisión y multa, estipuladas en dicha norma.

El pasado 21 de octubre del año 2020 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia SP-40932020 (58081), por medio de la cual resolvió una impugnación especial dentro de un proceso en el que el alimentante fue absuelto por el a quo y posteriormente declarado responsable en segunda instancia de cometer el delito de inasistencia alimentaria agravada.

Los argumentos de la defensa a la hora de interponer el recurso se basaron en la presunción de inocencia de su prohijado, toda vez que consideró que el elemento relacionado con la inexistencia de una justa causa para sustraerse de la obligación que este último tenía con su hija, no fue debidamente demostrado, ya que únicamente fueron tenidas en cuenta pruebas testimoniales que daban fe de la supuesta capacidad económica del alimentante durante el periodo de tiempo en el cual no aportó la cuota alimentaria que le correspondía en favor de su descendiente, existiendo una falta de contundencia como para desvirtuar la inocencia del procesado.

La Corte inició indicando que en los casos en que el alimentante no cuenta con recursos económicos para cumplir con su obligación legal, esto impide exigirla civilmente y también atribuir la responsabilidad penal. No obstante, para el caso en concreto, la Sala Penal argumentó que por medio de los dos testimonios rendidos durante el proceso se puede inferir que el recurrente sí contaba con los recursos económicos para aportar la cuota alimentaria a favor de su hija, ya que si bien es cierto que a través de ellos no fue posible determinar cuánto devengaba, estos fueron contundentes a la hora de manifestar el oficio que desempeñó el alimentante en el lapso durante el cual omitió suministrar los alimentos.

Lo anterior, aunado a la sana crítica del fallador de segunda instancia, a juicio de la Corte Suprema de Justicia, es motivo suficiente para poder tomar una decisión condenatoria sin vulnerar ninguno de los derechos fundamentales del procesado, quien a pesar de haber estado vinculado laboralmente en el sector de la construcción, no realizó aportes siquiera parciales para cumplir con la obligación existente con su descendiente.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el defensor no intentó desvirtuar los testimonios rendidos acorde a los postulados del artículo 404 de la ley 906 de 2004, relacionado con la apreciación testimonial, como la percepción y la memoria de los testigos, la sala encontró motivos suficientes para confirmar la sentencia del Tribunal Superior, dejando en firme la condena del alimentante.


(https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b1dic2020/SP4093-2020(58081).pdf)

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

El interrogatorio de parte como prueba extraprocesal

Autora: Abg. Ana Belén Ruíz Duarte  El Código General del Proceso plantea la posibilidad de atender procedimientos que anteceden la apertura del proceso civil, como la exhibición de documentos, según el interés del convocante, con el fin de recaudar pruebas, o quizá lograr una confesión necesaria y útil para el proceso en Sede Judicial. Estas actuaciones están consagradas en el artículo   184   de la ley 1564 de 2012: “Interrogatorio de parte . Quien pretenda demandar o tema que se le demande podrá pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. En la solicitud indicará concretamente lo que pretenda probar y podrá anexar el cuestionario, sin perjuicio de que lo sustituya total o parcialmente en la audiencia.”  Este artículo indica varios escenarios que permiten su aplicación: 1.- Puede ser solicitado por el futuro demandante o quien crea que podrá ser demandado, es dec...
Leer más

Reparación directa por ocupación temporal o permanente de inmuebles - Término de caducidad

Autora: Abg. Ana Belén Ruíz Duarte  Uno de los eventos en los que es posible lograr la reparación del daño por parte del Estado a través de la reparación directa, se presenta cuando  se ocupa un bien inmueble por obras o trabajos públicos. Fundado en el artículo 140 de la ley 1437 de 2011: REPARACIÓN DIRECTA .  En los términos del artículo  90  de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública  o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma . (…) (…) El término establecido para demandar este medio de control...
Leer más

Libertad testamentaria en Colombia

Autor: Abg. Juan Pablo Castiblanco Forero   En Colombia no existe una potestad de testar absoluta, como sí opera en países como: Estados Unidos, México, Costa Rica, entre otros. No obstante, a partir del 1 de enero del año 2019 entró en vigencia la Ley 1934 de 2018 , por medio de la cual se eliminó la cuarta de mejoras, consagrada en los artículos 1226 y 1242 del Código Civil.  Dicha porción correspondía al 25 % del total de la masa sucesoral y si alguien tomaba la decisión de testar, debía asignar el porcentaje mencionado de manera obligatoria a uno o varios de sus legitimarios, mas no a quien realmente quisiera. Ahora bien, teniendo en cuenta que el 50 % del total de la masa herencial debe ser asignado a todos los legitimarios, por medio de la figura de la legítima rigurosa, antes de la aprobación y sanción de la mencionada ley, un testador debía tener presente que no podía disponer a su arbitrio del 50 % de la legítima rigurosa, ni del 25 % de la cuarta de mejoras, es dec...
Leer más